México, D.F., 13 de agosto de 2013.
Lic. Octavio Mayen Mena:
Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a esta
conferencia de prensa que dará el licenciado Emilio Chuayffet Chemor,
Secretario de Educación Pública.
Le acompañan en esta mesa el licenciado Enrique del Val
Blanco, Subsecretario de Planeación; el doctor Fernando Serrano,
Subsecretario de Educación Superior; la maestra Alba Martínez,
Subsecretaria de Educación Básica; el doctor Rodolfo Tuirán,
Subsecretario de Educación Media Superior; el licenciado Nicolás Kubli,
Oficial Mayor; el maestro César Becker, Titular de la Unidad de
Coordinación Ejecutiva y el licenciado Luis Vega, Titular de la Unidad
Jurídica.
Sean bienvenidos. Señor Secretario, si es tan amable.
Lic. Emilio Chuayffet Chemor: Muchas gracias.
Señoras y señores representantes
de los medios de comunicación, el día de hoy el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, firmó las tres iniciativas de leyes
generadas por la Reforma Constitucional Educativa aprobada el pasado 26
de febrero.
Dichas
iniciativas habrán de hacerse llegar el día de mañana a la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, y son el proyecto de Ley del
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; el Proyecto de Ley del Servicio Profesional Docente y el Proyecto que reforma a la Ley General de Educación.
Quisiera destacar que
la Reforma Constitucional y las leyes que ahora se proponen, tienen un
común denominador: mejorar la calidad de la educación básica y media
superior y perseverar en lograr la equidad de la educación pública que
presta el Estado.
Los
tres instrumentos legales se complementan y deben analizarse y verse
interrelacionados para alcanzar los propósitos que ya mencioné.
Es
necesario reconocer, lo digo con claridad, que hay muchos otros
renglones en materia educativa que deberán ser abordados en otros
instrumentos jurídicos en otro momento, para alcanzar que la educación
nacional sea el instrumento de justicia social y de desarrollo que
esperamos.
La
iniciativa de Ley del Instituto Nacional de la Educación propone
regular el Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la organización
del propio instituto, promueve el derecho de los educandos a recibir
educación de calidad con fundamento en lo que señala el artículo 4°
Constitucional, el interés superior de la infancia, establece que la
evaluación deberá considerar los contextos demográfico, social y
económico de los agentes del sistema educativo nacional; repito, la
evaluación obedecerá a los distintos contextos.
Se
señalan los fines del Sistema Nacional de Evaluación Educativa y la
Coordinación efectiva de las dependencias y entidades que lo conforman.
Para
su funcionamiento, el Sistema Nacional de Evaluación Educativa contará
con una conferencia, cuyo propósito será intercambiar información y
experiencias relativas a la evaluación educativa.
En
lo tocante a las atribuciones con las que debe contar el Instituto para
cumplir su objetivo, se dividen en dos grandes rubros: el primero de
ellos son las atribuciones generales que derivan de su facultad para
evaluar los componentes, los procesos y los resultados del Sistema
Educativo Nacional en los tipos o niveles educativos de su competencia.
El segundo rubro se refiere a las atribuciones específicas que están relacionadas con
el Servicio Profesional Docente para la evaluación de los maestros y
personal con funciones de dirección y supervisión de la educación básica
y media superior.
La
iniciativa propone que los lineamientos y directrices que emita el
Instituto se harán siempre del conocimiento público. Los primeros,
lineamientos serán obligatorios, por lo que su incumplimiento será
sancionado de acuerdo con el Título Cuarto de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos.
Además,
las evaluaciones realizadas por las autoridades educativas en
contravención a la ley o a los lineamientos del Instituto, serán nulas
de pleno derecho.
La
iniciativa de Ley del Servicio Profesional Docente tiene como propósito
asegurar la institucionalización de éste, con el fin de contribuir a
que la educación básica y media superior que imparte el Estado, alcance
los niveles de calidad que nuestra sociedad demanda.
Es
injusto atribuir los bajos resultados educativos a un solo factor, como
frecuentemente se ha señalado de manera equivocada, puesto que el
Magisterio reclama evaluaciones que consideren una valoración integral
de su desempeño y atiendan a la complejidad de circunstancias en las que
el ejercicio de la función docente tiene lugar.
Por
ello, la creación del Servicio Profesional Docente, responde
precisamente a la exigencia de una evaluación justa que asegure la
dignificación de la profesión del maestro.
Mediante
las disposiciones contenidas en la iniciativa, será posible que el
Estado cumpla de mejor manera con su obligación de proporcionar
educación pública, gratuita, laica y de calidad que la Constitución le
ordena.
Asimismo,
la iniciativa valora el papel esencial que el docente desempeña en la
formación integral del ser humano, es por ello que la misma proporciona
las bases jurídicas que permiten superar la gran variedad de problemas e
inconvenientes que a lo largo del tiempo se han extendido en perjuicio
de la educación.
Ha
sido y es indispensable reconocer la proliferación de prácticas
indebidas que han dañado a la educación, a la dignidad del maestro y al
derecho de los mexicanos a una educación de calidad.
En este sentido, se cuenta con las evidencias que hacen ver la necesidad de crear y tener una estructura
jurídica y una organización eficiente que asegure el ingreso, la
promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio.
Igualmente, es indispensable establecer condiciones y apoyos que
favorezcan el desarrollo profesional de cada maestro al tiempo que
estimulen su superación y reconozcan el valor de sus aportaciones.
Esta
iniciativa confiere a la evaluación, la iniciativa que debe tener en la
organización del Servicio Educativo Nacional. Toma en cuenta las
prácticas efectuadas en esta materia en los últimos años, recoge
opiniones de maestros, expertos y representantes de la sociedad, y
favorece una cultura que permite apreciar el valor que la evaluación
aporta para que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la
permanencia en el servicio tengan como base los principios de legalidad,
certeza, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y transparencia.
Los
preceptos de la reforma constitucional aplicados a la educación
obligatoria que imparte el Estado, y los procedimientos previstos en
esta iniciativa de ley, se fundamentan en la misma Ley Suprema, pero al
mismo tiempo reconocen las distintas maneras de organización que
distinguen a la educación básica de la media superior.
Asimismo,
con base en el federalismo educativo, esta iniciativa toma en cuenta la
distribución de funciones entre los distintos ámbitos de competencia.
Bajo este esquema de organización y funcionamiento, y atendiendo a los
lineamientos que el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación emita, las autoridades educativas ejercerán sus atribuciones y
cumplirán con las obligaciones a las que la ley los obliga.
La
Ley General de Educación debe contener los cambios que ordena la ley
fundamental en materia de obligatoriedad de la educación media superior.
En primer lugar, debe crear el Sistema de Información y Gestión
Educativa y, por otro lado, actualizar el contenido de algunas
disposiciones que permitirán al Estado mexicano fortalecer las
actividades que se desarrollan en el sector educativo.
La
iniciativa propone establecer que las autoridades educativas federal,
locales y municipales deberán realizar acciones tendientes a fortalecer
la autonomía de gestión de las escuelas, lo cual aplicará tanto en los
planteles de educación básica, mediante la emisión de lineamientos, como
los que se refieren a los de la educación media superior, a través de
mecanismos de colaboración.
Por
lo que toca a las escuelas que imparten educación media superior, la
Secretaría establecerá los mecanismos de colaboración necesarios para
que los programas de gestión escolar formulados por las autoridades
educativas y por los organismos descentralizados, en el ámbito de sus
atribuciones, propicien el mantenimiento de elementos comunes.
El
texto constitucional reformado crea las Escuelas de Tiempo Completo,
con jornadas de seis a ocho horas diarias, para aprovechar el tiempo
disponible en el desarrollo económico, deportivo y cultural.
Para
atender tal disposición, se considera oportuno el propiciar la adición
de la fracción 16 al Artículo 33 de la Ley General de Educación, para
establecer que las autoridades educativas en el ámbito de sus
respectivas competencias establecerán de forma paulatina y conforme a su
presupuesto las escuelas de tiempo completo con las características que
determina la Constitución Federal, lo que se considera una medida
concreta para mejorar las condiciones de vida de las zonas de menor
desarrollo del país, toda vez que de tal forma se podrá abatir el rezago
educativo característico de dichas zonas.
Esta
iniciativa retoma el sentido de la ley fundamental, ya que la adecuada
alimentación es fundamental para llevar a cabo la función social
educativa. A la vez, es una herramienta indispensable para lograr la
igualdad social y combatir el rezago. En ese sentido, se consideró
pertinente instrumental la disposición constitucional, adicionando la
fracción 17 al Artículo 33 de la Ley de Educación, para que las
autoridades educativas impulsen esos esquemas.
Respecto a otras modificaciones de la Ley de Educación para mejorar el servicio, el presente decreto propone las siguientes:
- Fortalecer
la gratuidad de la educación que imparta el Estado, en atención a
quejas constantes, sobre todo de padres de familia, con respecto al
cobro obligatorio de contraprestaciones en escuelas públicas que
imparten educación básica o media superior.
- La
inspección de servicios educativos que presten los particulares al
amparo de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.
- Fortalecer la educación especial y la inicial, incluyendo a las personas con discapacidad.
- Fortalecer los sistemas de educación a distancia.
- Asegurar la protección de los derechos de los educandos.
- Participación de la organización sindical en los consejos de participación social.
- Determinación de planes y programas de estudio.
Antes
de terminar, quisiera decirles que hay una propuesta de artículo
transitorio en la Iniciativa de Reformas a la Ley General de Educación,
que es muy importante y que ha sido continuamente solicitada por las
autoridades estatales.
En
un transitorio específicamente se destaca el compromiso del Ejecutivo
Federal de revisar, en la próxima Reforma Hacendaria, la fórmula de
distribución del FAEB, Fondo de Aportaciones de la Educación Básica y
Normal, con el propósito de fortalecer la equidad educativa.
Con
todas estas reformas y las que aún nos faltan, aspiramos a que una
educación de calidad soportada en un sistema de corresponsabilidades,
con recursos mejor distribuidos, sea pronto una incontrastable realidad
en México.
Muchas gracias.
